“El Ministerio de Comunicaciones no tiene competencia constitucional ni legal para regular el servicio de televisión por suscripción, independientemente de la tecnología utilizada”. Esta es una de las conclusiones de la posición institucional de la Comisión Nacional de Televisión ante la consulta pública de lineamientos de política sectorial para el uso y aprovechamiento de la tecnología IPTV hecha por el Ministerio de Comunicaciones.

En el documento enviado a dicha cartera, la CNTV recalca que IPTV es una solución tecnológica y no un nuevo servicio de telecomunicaciones.

“IPTV es la utilización de un protocolo para la prestación del servicio de televisión por suscripción, que permite utilizar cualquier tecnología o medio de transmisión. El simple hecho de utilizar el protocolo de transporte IP no transforma a la televisión en un servicio de valor agregado”, explica la CNTV.
En el documento, la CNTV llama la atención sobre las consecuencias jurídicas y económicas que se tendrían al desnaturalizar el servicio de TV por suscripción al convertir una de sus modalidades en un servicio de valor agregado, independiente de la tecnología utilizada.

Por esta razón, la CNTV le planteó al Ministerio varias inquietudes:

1. En el caso de presentarse demandas por parte de los actuales concesionarios de televisión por suscripción, ante un evidente cambio o por el de las reglas de juego, ya sea por desequilibrio económico o por el pago de lo no debido, teniendo en cuenta los costos de la concesión y el costo de la licencia de valor agregado que propone el Ministerio de Comunicaciones, ¿quién asumirá los costos de esas demandas y el reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar?

2. Bajo el nuevo esquema pretendido por el Ministerio de Comunicaciones, según estudios preliminares de la oficina de Planeación de la CNTV, la televisión pública podría dejar de percibir recursos por valor de 126 mil millones de pesos en un periodo de 9 años, (2008-2016) lo que equivale a la financiación por 6 años de los 8 canales regionales o la financiación de la Señal Colombia Institucional durante 20 años. ¿Quién asumirá este costo, teniendo en cuenta que el Ministerio estaría percibiendo recursos por 32.400 millones en el mismo periodo?